La violencia en Haití ha alcanzado un grado de normalización que debería estremecer a toda la región. Lo que antes provocaba alarma hoy apenas genera un sobresalto resignado. Las bandas armadas continúan expandiendo su dominio con una impunidad que desconcierta: ocupan territorios, desplazan comunidades enteras, incendian pueblos y siembran el valle del Artibonito con muerte y devastación. El país vecino parece atrapado en una espiral cuyo fondo aún no se vislumbra.
La tragedia se repite con tal frecuencia que dejó de ser medible. Haití vive en un duelo permanente.
La pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo una población exhausta seguirá viviendo al filo del terror?
¿Hasta cuándo una nación podrá sostenerse sin instituciones operativas, sin una fuerza pública capaz de garantizar lo mínimo, sin un horizonte político que devuelva sentido a la convivencia?
¿Y hasta cuándo la comunidad internacional continuará observando el deterioro como un fenómeno inevitable, ajeno o simplemente irresoluble?
Para la República Dominicana, el colapso haitiano no es ficción ni una realidad distante. Es una amenaza inmediata a la estabilidad fronteriza, a la seguridad nacional y a la gestión ordenada de los flujos migratorios. Pero también es un recordatorio de la fragilidad de los Estados cuando permiten que la erosión del orden se normalice.
