El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó que, tras seis días de intervención en San Cristóbal, fueron detenidas 97 personas, se ocuparon armas, drogas y motocicletas, como parte de las acciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta.
Las autoridades del MIP, con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ejército de República Dominicana, continúan ejecutando amplios operativos preventivos y de inteligencia en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los habitantes.
Los 97 detenidos son resultado de labores de inteligencia avanzada y despliegue táctico en puntos críticos de la provincia, donde fueron depuradas más de 10,000 personas durante los recorridos. Además, se realizaron 15 allanamientos en lugares previamente identificados y se ejecutaron 14 órdenes judiciales.
El operativo permitió el decomiso de tres armas de fuego, una de ellas de fabricación casera, y 22 armas blancas, así como el hallazgo de 2,400 gramos de drogas, cuatro balanzas y equipos de comunicación. También fueron recuperados artículos robados, incluyendo electrodomésticos y teléfonos celulares.
Durante esta operación de alto impacto, fueron verificadas 5,451 motocicletas, de las cuales 237 resultaron retenidas por distintas violaciones a la ley. Además, la Digesett impuso 41 multas por diversas infracciones. En los operativos antirruidos, se ocuparon 13 equipos de sonido y se clausuraron dos máquinas tragamonedas.
El Ministerio de Interior y Policía advirtió que continuará fortaleciendo la vigilancia y la presencia de efectivos policiales y militares para preservar la convivencia pacífica en San Cristóbal y en todo el país.
“Habrá tolerancia cero con quienes atenten contra el orden público. Seguiremos desplegando operativos sorpresivos y aumentando la presencia de efectivos en calles y comunidades. La paz en San Cristóbal y en el país no es negociable”, indicó el MIP, en una nota de prensa.
Este operativo forma parte de la estrategia integral de seguridad del Gobierno, que combina tecnología, inteligencia y acción disuasiva, con el propósito de desarticular redes criminales y garantizar entornos seguros para la ciudadanía.
