Irregularidades superiores a RD$4,200 millones fueron detectadas en la gestión del Seguro Nacional de Salud (Senasa) entre 2017 y 2019, de acuerdo con un informe de la Cámara de Cuentas que advierte fallas estructurales en procesos de compras, nóminas y registros contables.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó y publicó el 24 de Octubre del 2025 un informe de auditoría sobre los estados financieros y la ejecución presupuestaria del citado seguro. Las anomalías detectadas abarcan distintos ámbitos: movimientos y ajustes contables sin respaldo técnico ni documentación adecuada; pagos irregulares de nóminas (incluyendo casos de doble percepción salarial); adquisiciones realizadas sin aplicar los procedimientos legales de compras; y transferencias y pagos a programas y terceros con deficiencias probatorias que impiden la verificación completa de las erogaciones.
Entre los hallazgos concretos que la auditoría detalla están: ajustes contables por más de RD$1,214,643,915 sin documentación de soporte que justifique esos movimientos; compras por montos superiores a RD$34,365,928 realizadas sin procedimientos de contratación legalmente establecidos; y observaciones específicas a transferencias relacionadas con programas conjuntos (incluyendo registros vinculados con Promese-Cal) por varios cientos de millones.
Según la CCRD en varios casos, la entidad no suministró nóminas digitales completas, cheques ni asientos contables solicitados, lo cual limitó el alcance del examen y dificultó la verificación puntual de pagos y beneficiarios. Por esa razón, el informe incluye recomendaciones para que la gerencia del SeNaSa regularice la documentación, implemente controles internos más robustos y proceda a la depuración de las inconsistencias detectadas.
El informe ha generó críticas políticas, como la del dirigente Yván Lorenzo, quien declaró que la publicación de una auditoría sobre 2017–2019 resulta “insuficiente” frente a denuncias públicas sobre gestiones más recientes y la puso en duda como respuesta a la crisis; otros actores políticos y sociales han pedido que las investigaciones lleguen hasta las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
