La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó este miércoles una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por alegadas supuestas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir, ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El documento depositado detalla que las actuaciones del director del Intrant y del consorcio estarían tipificadas como delitos de falsificación de documentos públicos en violación a los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, asociación de malhechores tipificada en los artículos 265 y 266 del Código Penal y lavado de activos y financiamiento del terrorismo sancionado en artículos 2.11, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17.
El contrato cuestionado asciende a RD$8,400 millones y fue adjudicado al Consorcio Mobility ID, conformado por Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços.
Adocco advirtió que la concentración de información sensible en manos de las mismas empresas como son las cédulas, pasaportes y licencias de conducir, representa un riesgo para la seguridad nacional y puede facilitar la creación fraudulenta de identidades y documentos oficiales.
Según la denuncia, el Consorcio habría presentado documentación falsa sobre la impresora láser CLM600, atribuyéndose la condición de fabricante exigida en el pliego de condiciones, sin poseerla realmente.
De la Rosa Tuburcio señaló que el Intrant ignoró las impugnaciones presentadas, continuando con el proceso y adelantando incluso la apertura del Sobre B.
Manifestó que la licitación fue tan dirigida que solo pudo participar Mobility ID, debido a trabas impuestas a otros oferentes, como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares.
De la Rosa Tiburcio reveló que entregó a la Pepca todas las pruebas documentales que respaldarían las irregularidades denunciadas y reiteró su solicitud de una investigación exhaustiva.
El proceso también fue impugnado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
