El juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Alexander Jiménez Galván, de 35 años, estudiante de Derecho y comerciante, señalado como el principal acusado de la muerte del seguridad Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y de herir a otras dos personas durante un incidente ocurrido el jueves 16 de octubre de 2025 en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El imputado deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo, según ordenó el tribunal.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Jiménez Galván habría intentado quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón, en un hecho que inició con una discusión frente a la oficina donde laboraba uno de los miembros del personal de seguridad.
Tras un primer altercado, el estudiante se retiró y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por varios agentes de seguridad. En ese momento, realizó varios disparos, impactando a Méndez en el antebrazo izquierdo y a Encarnación Peña en el torso, quien posteriormente falleció a causa de heridas toracoabdominales y hemorragia interna, según el Certificado Médico Legal Núm. 65732.
Después del tiroteo, el imputado huyó en un vehículo Mazda gris, el cual abandonó junto con el arma de fuego —una escopeta Kral Magnum calibre 12— en las inmediaciones de la puerta número 2 de la universidad, intentando escapar al escalar una pared. Fue retenido por estudiantes y entregado a las autoridades universitarias y a la Policía Nacional.
Las investigaciones indican que el conflicto se originó por un llamado de atención previo al acusado el 15 de octubre, al que reaccionó con violencia, lo que habría desencadenado el ataque del día siguiente.
El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, relativos a tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el control y regulación de armas.
La medida de coerción se basa en testimonios, certificaciones médicas y actas de entrega del arma y de arresto, considerándose necesaria para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial y evitar riesgo de fuga, dada la gravedad del caso.
