La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que en lo que va de septiembre han sido incautadas 460 armas de fuego en todo el territorio nacional. De estas, 355 eran ilegales, 75 se encuentran bajo investigación, 23 tenían licencias vencidas y 7 fueron reportadas como robadas.
Raful explicó que los operativos forman parte del trabajo sistemático de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuyo objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y reducir los índices de criminalidad. Añadió que el destino de las armas seguirá el procedimiento que establece la ley: una vez agotado el proceso conducido por el Ministerio Público, pasan a ser decomisadas y remitidas al Ministerio de Interior y Policía para su custodia o destrucción.
La funcionaria ofreció estas declaraciones al concluir la reunión número 108 de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader. En ese marco, destacó que se realizaron 591 allanamientos con resultados positivos.
En cuanto a los homicidios, la ministra resaltó la disminución sostenida de la tasa, que actualmente se sitúa en 8.08 por cada 100 mil habitantes, frente a 9.8 en 2024 y 12.04 en 2023. Subrayó que 25 demarcaciones presentan cifras de un solo dígito y 9 de dos dígitos.
Respecto a los robos, informó que las denuncias bajaron de 65,778 en 2024 a 56,333 en 2025, lo que atribuyó a los operativos preventivos y a la colaboración ciudadana. “Hacemos un llamado a la población para que reporte los robos a través de nuestras plataformas y estaciones de policía”, expresó.
Raful recordó que la transformación policial sigue en marcha, con la instalación de más de 10 mil cámaras interconectadas para reforzar el patrullaje y la incorporación de cámaras en los uniformes de los agentes. “Esto busca terminar con prácticas que han vulnerado derechos y afectado la credibilidad de la Policía Nacional”, puntualizó.
Sobre el tiroteo ocurrido en La Barranquita, Santiago, donde murieron cinco personas y estuvieron involucrados agentes policiales, la ministra afirmó que el caso está en manos del Ministerio Público y que se garantizará el debido proceso. “Nadie está por encima de la ley, ni la policía ni absolutamente nadie”, enfatizó.
