Informe revela precariedad salarial y desigualdad de género en Ayuntamientos

Santo Domingo.- El 70 por ciento del personal que trabaja en los Ayuntamientos del país percibe 5,000 pesos o menos en concepto de salario, según se desprende del “Primer Informe del Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública”, presentado hoy por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana.

El análisis de las retribuciones de los empleados municipales muestra la gran precariedad salarial en el escenario local, según el estudio ejecutado por ésta y otras nueve organizaciones de la sociedad civil y coordinado por Oxfam-RD, en el marco del Proyecto “Ciudadanía Activa para una Gestión Local Transparente e Inclusiva”.

En este primer informe los comités de veeduría involucrados en su elaboración presentan los hallazgos de la auditoría ciudadana realizada por los munícipes de 22 de los 40 municipios en los que se ejecuta el Proyecto en relación al eje “Profesionalización de la Administración Local”.

El análisis desagregado de las nóminas reveló, además, una gran brecha de desigualdad salarial y funcional por razón de género. La presencia mayoritaria de mujeres en los departamentos de ornato, limpieza o como beneficiarias de la asistencia social, apunta a la reproducción en las instituciones locales de los roles tradicionales asignados a la mujer.

El estudio también muestra escenarios muy diversos en el camino hacia la igualdad y equidad en la administración local, con Ayuntamientos en los que es escasa la presencia de mujeres, con un 11 por ciento, y otros donde el porcentaje de mujeres empleadas supera el 40 por ciento.

Además de estas circunstancias, se destacan otros desafíos en la institucionalidad y legalidad de las nóminas municipales, algunas de ellas sin la debida identificación de cédula o cargo desempeñado, y la mayoría otorgan la condición de empleado a beneficiarios de ayudas selectivas de asistencia.

En cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, las nóminas municipales revelaron una clara estabilidad en el número de empleados durante el primer trimestre del 2015, con casos muy puntuales de alzas en la contratación.

Con respecto a la publicidad y transparencia en el acceso a las instituciones locales, ninguno de los municipios observados aportó prueba alguna de la difusión de las ofertas de contratación en medios de libre acceso al público, ni evidencia de la celebración de consultas a la comunidad para la designación de sus alcaldes.

Estas deficiencias en la difusión y en la participación comunitaria comprometen el principio de mérito y competencia y menoscaban la igualdad de oportunidades, señala el documento.

Los comités de veeduría constataron también la falta de regularidad en la convocatoria de las sesiones del Concejo Municipal, órgano colegiado con funciones normativas y fiscalizadoras donde se da a conocer la gestión de los asuntos del municipio.

El Informe revela que el 63 por ciento de los municipios observados se reunió una o ninguna vez en el trimestre enero-marzo de 2015, mientras que solo el 27 por ciento del total aportó prueba de las sesiones del Concejo celebradas con una regularidad mensual y/o superior.

El Concejo Municipal ejerce funciones de fiscalización, entre las que destaca la de conocer y aprobar los informes periódicos que han de presentar los alcaldes, aunque este ejercicio rutinario de rendición de cuentas no pudo ser constatado en ninguna de las actas aportadas por los Ayuntamientos a los comités de veeduría.

Por último, para comprobar si se garantizan los principios de integridad e imparcialidad que deben acompañar la actuación de los servidores públicos, los comités de veeduría valoraron el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de patrimonio en el registro del Ayuntamiento y solicitaron el listado de proveedores.

Solo en el 22 por ciento de los municipios, la mayoría de las autoridades había presentado la declaración jurada de bienes; mientras que la solicitud del listado de proveedores fue atendida en el 36 por ciento de los municipios, en el 27 por ciento no fue entregada a la ciudadanía, y en el 36 por ciento restante este documento público presentaba serias deficiencias.

En este sentido, y en lo referente a la identificación se detectó falta de RNC o cédula del distribuidor; en la apariencia de legalidad y formalidad, se constató la falta de sello y timbre del Ayuntamiento, escritos a mano, etcétera.

A partir de los resultados de este diagnóstico ciudadano, el informe presenta los diez retos de la Administración Local para una mayor pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia.

Las recomendaciones pasan por fortalecer las Oficinas de Acceso a la Información Municipal; publicitar las ofertas de contratación municipal; recuperar la vocación participativa de la designación de los alcaldes pedáneos y asegurar la regularidad de las sesiones del Concejo Municipal.

Asimismo, insta a institucionalizar la rendición de cuentas periódica; implementar una política de equidad de género; exhorta al apego al manual de cargos y a la legislación en materia salarial.

También impele a fortalecer el compromiso de las autoridades, representantes y funcionarios/as del gobierno local con la transparencia y la ética, así como a mejorar la apariencia de legalidad e institucionalidad de la nómina municipal y de la legalidad e institucionalidad del listado de proveedores.

El proyecto que ha auspiciado este informe se enmarca en el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL), financiado por la Unión Europea y tiene como visión generar una cultura de transparencia y corresponsabilidad en la gestión municipal en la República Dominicana.

El Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública es un protocolo de 11 indicadores para medir la transparencia y el nivel de desempeño de los gobiernos locales los ejes de profesionalización de la gestión municipal, la participación ciudadana en el ciclo presupuestario y la inclusividad de los servicios públicos. EFE

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