ALARMA: Casi 18 mil teléfonos INTERVENIDOS por el gobierno del PLD solamente en la capital

EL ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos 17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.

Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado la semana pasada por el espionaje develado contra la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.

El año pasado los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste conocieron 12,889 solicitudes de interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754 y rechazaron 135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial.

Mientras en el 2017 las solicitudes para intervenciones fueron de 5,178. Los tribunales aprobaron 4,883 y rechazaron 295.

De acuerdo con las informaciones suministradas a Listín Diario por el Poder Judicial, las solicitudes y aprobación de interceptaciones de teléfonos se triplicaron de 2017 a 2018. En estos dos años suman 18,067 las solicitudes hechas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

El escándalo

Las intervenciones telefónicas saltaron a los primeros planos de la opinión pública después de que el Inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó que fuera intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.

Este hecho ha levantado las sospechas, entre diversos sectores de la sociedad, de que se podría estar frente a un escandaloso caso de espionaje, a través de las escuchas telefónicas ilegales.

En lo que va de año, sólo en el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste, jueces de ambas jurisdicciones han autorizado, a petición del Ministerio Público, 1,360 intervenciones telefónicas. El año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas, de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de la Instrucción esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520 teléfonos de personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.

La intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito se cuenta entre ese grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada por una jueza de la instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018.

Ante el escándalo, el inspector general del ministerio público, Bolívar Sánchez, aunque admitió la solicitud de la interceptación del teléfono en cuestión, dijo que desconocía que se tratara del número de la magistrada Germán Brito y que no llegó a ejecutarla.

Los jueces de instrucción llevan un libro  de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del ministerio público que la presenta.

La copia de la solicitud y de la decisión  del juez se entregará al fiscal. Si se autoriza la interceptación, se entregará al fiscal el original sellado de la orden judicial que se remitirá a la compañía prestadora de servicio de telecomunicaciones, con copias para el fiscal.

En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación, el juez establecerá dos fechas con no más de 20  días de intervalo, para  que el fiscal presente al juez un informe sobre el avance en el cumplimiento de la misma.

La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueron satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenarle a la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones que suspenda su ejecución.

El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su voz, data o imagen, grabaciones que deberán ser conocidas por la persona que ha sido objeto de ellas para organizar sus medios de defensa.

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